La autonomía institucional, entendida como la capacidad de tomar decisiones en los centros educativos, sigue siendo un tema de interés. Mencionada en las diferentes leyes educativas (LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE), parece más una declaración de intenciones que una realidad.
Esta aportación revisa la realidad de la autonomía después de las valoraciones que se hicieron en su momento (Gairín, 1992), constatando que seguimos en marcos de autonomía muy limitados y lejanos de los que hay en el resto de Europa, particularmente en lo que afecta a la autonomía de personal, estructuras de funcionamiento y gestión de recursos.